La proposición no de ley fue presentada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde la diputada socialista Rosa Aguilar alertó de que la redacción actual del borrador puede implicar “la desaparición de un gran número de organizaciones de acción social”.

 

Para evitarlo, la propuesta del PSOE pide que a estas organizaciones no se les impongan requisitos como la obligación de cofinanciar los proyectos para los que reclaman subvención o anticipar los gastos, puesto que ello les obligaría “a trabajar sometidas a condiciones de crédito”.

 

También reclamó Aguilar que se exima a estas entidades “del principio de complementariedad”, ya que entiende que “esto penaliza a los proyectos incapaces de generar fondos propios”, y denunció que en la práctica, el anteproyecto prevé la desaparición de las subvenciones directas.

 

Asimismo, criticó el régimen sancionador “injusto” previsto en la reforma y solicitó un proceso burocrático “más ágil y adaptado a las características del sector”, a fin de que estas organizaciones no se vean “abocadas a un itinerario de trabas” que en la práctica les haga imposible la solicitud, gestión y ejecución de los programas.

 

Tal como está previsto, prosiguió, el anteproyecto hace “inviable la continuidad de un gran número de entidades de acción social”, para las que además “la liquidez resulta vital de cara a poder desarrollar sus programas de atención a colectivos vulnerables”.

 

Estas suplen la acción que debería desarrollar el Estado”, señaló Aguilar, para quien “no se puede tratar igual realidades claramente distintas”, como las que realizan las organizaciones del Tercer Sector y las entidades con ánimo de lucro. Según dijo, “existe una gran preocupación dentro del sector”, que atiende a varios millones de ciudadanos en España.

 

La misma idea expresó el diputado de CiU Carles Campuzano, que aseguró que esta reforma no perjudica a las grandes ONG, pero sí a muchas entidades de tamaño pequeño y mediano.

 

Campuzano se refirió asimismo a la inquietud que en este sentido han expresado la plataforma de ONG de Acción Social y el CERMI.

 

Por su parte, la diputada del PP María Blanca Puyuelo resaltó que el Gobierno ya trabaja en una ley específica para el Tercer Sector, con lo que la viabilidad de estas organizaciones “queda asegurada”. Además, subrayó “el compromiso” de su grupo con estas entidades y “con la importante labor que realizan”, pero se mostró en contra de una regulación específica dentro de la Ley General de Subvenciones. En su opinión, las particularidades del sector pueden contemplarse en las mismas bases de convocatoria o en la ejecución de los proyectos.